Manuel Merino de Lama, quien fue presidente de la República por solo cinco días, cuenta con la asombrosa cantidad de diez suboficiales de la Policía para su seguridad personal, además de tener un trabajador cuyo salario es costeado por el Parlamento.
Según un informe de Diario El Comercio, Merino solicitó recientemente el pago por “movilidad” para estos diez policías, proporcionando las cuentas bancarias correspondientes. Esto plantea interrogantes sobre el uso adecuado de recursos públicos.
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El Decreto Supremo N°004-2022-IN, emitido durante la gestión de Pedro Castillo como presidente y Alfonso Chávarry como ministro del Interior, actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3, se establece que los expresidentes gozan de protección semi integral durante cinco años después de dejar el cargo, brindada por la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP. Sin embargo, es alarmante que esta protección se extienda de manera excepcional, sin una evaluación rigurosa de riesgos o una solicitud explícita.
A través de las redes sociales, diversos usuarios han cuestionado si esta asignación de recursos y la extensión de la protección son proporcionales y justificadas, especialmente en un momento en el que el país enfrenta una ola de inseguridad ciudadana.
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