En un clima de creciente tensión, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles la presencia de “movimientos irregulares” de militares frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz. Ciudadanos y medios locales reportaron la llegada de tanques y efectivos militares fuertemente armados a la Plaza Murillo, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible golpe de Estado.
A través de su cuenta en X, Arce alertó sobre la situación: “Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”. Su mensaje reflejaba la gravedad del momento y la necesidad de mantener el orden constitucional.
Vehículos blindados se desplazaron hasta la Plaza Murillo, custodiados por militares equipados con escudos de la Policía Militar, quienes rápidamente tomaron posiciones para bloquear todos los accesos a la zona. La presencia militar en el corazón político de Bolivia generó una atmósfera de incertidumbre y preocupación entre la población.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se acercó a uno de los vehículos blindados para solicitar explicaciones sobre la movilización, pero los detalles de su conversación no han sido revelados. Este despliegue militar se produjo poco después de que el comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga, fuera destituido debido a unas declaraciones sobre el futuro electoral del expresidente Evo Morales.
Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, no tardó en pronunciarse sobre la situación. En un comunicado, Morales afirmó que se está gestando un “golpe de Estado” en el país, acusando al comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, de liderar la operación militar. Asimismo, convocó a una “movilización nacional para defender la Democracia”, haciendo un llamado a sus seguidores para que se movilicen en defensa del gobierno de Arce.
La situación en Bolivia es extremadamente delicada. Los movimientos militares y las denuncias de Arce y Morales han encendido las alarmas sobre la estabilidad política del país. La población y la comunidad internacional observan con atención y preocupación, esperando que se respeten los principios democráticos y se evite cualquier acción que pueda llevar a una ruptura del orden constitucional.
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