El Gobierno peruano ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1578 como parte de la estrategia integral para reforzar la seguridad en el país. La normativa establece penas más severas, alcanzando hasta 30 años de prisión efectiva, para quienes persistan en el robo de celulares en territorio nacional.
A partir del 18 de octubre de 2023, el robo de celulares es considerado un delito agravado, lo que compromete también el robo de equipos tecnológicos u otros bienes de naturaleza similar. La pena por robar un celular oscila entre 12 y 20 años de privación de libertad. En casos de robo con el empleo de motocicletas o el uso de explosivos, las penas pueden llegar hasta los 30 años de cárcel.
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El Decreto Legislativo también aborda el delito de receptación, calificando como receptador a quien recibe, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza un celular o equipo tecnológico proveniente de un delito. Las penas para este delito van de dos a cuatro años de cárcel, llegando hasta los 12 años en la modalidad agravada.
En el marco de esta legislación, comprar un celular robado puede llevar a la cárcel por un periodo de cuatro a seis años, y si proviene de un robo agravado, la pena se incrementa de seis a 12 años de cárcel.
La Policía Nacional del Perú ha intensificado los operativos para combatir las mafias dedicadas al robo de equipos móviles y ha incrementado las acciones contra los mercados ilegales de compra y venta de celulares. El Ministerio del Interior ha lanzado la campaña «Juntos bloqueamos a la delincuencia» para difundir operativos y acciones preventivas contra el delito de robo de celulares, buscando reducir los índices delictivos asociados a este ilícito.
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