El debate sobre la seguridad ciudadana en el Perú comienza a mirar hacia experiencias internacionales en busca de soluciones frente al avance del crimen organizado. En ese contexto, el modelo implementado en Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, empieza a perfilarse como una referencia para el próximo gobierno peruano.

Actualmente, según los últimos reportes de la ONPE, el escenario electoral mantiene a Keiko Fujimori en el primer lugar con 17.049% de los votos. Más atrás, la disputa por el segundo puesto se intensifica entre Roberto Sánchez (12.031%) y Rafael López Aliaga (11.97%). En medio de esta contienda, la seguridad se posiciona como uno de los ejes centrales del debate político.

Guayaquil: menos homicidios, pero una crisis aún vigente

Bajo el gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ha implementado una estrategia de seguridad basada en la militarización de las calles, combinada con asesoría internacional. En ese esquema destaca la figura de Erik Prince, fundador de Blackwater, quien cumple un rol de asesor táctico.

Los resultados muestran avances, pero con matices. Durante el primer trimestre de 2026, Guayaquil registró 548 homicidios, frente a 751 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción cercana al 27%.

Sin embargo, el punto de partida sigue siendo crítico. Solo entre enero y octubre de 2025 se reportaron 2,129 asesinatos, uno de los niveles más altos de violencia en la historia reciente de la ciudad. Al cierre de ese año, la cifra alcanzó los 2,545 homicidios.

La violencia baja, pero no desaparece

En el primer bimestre de 2026 se contabilizaron 387 homicidios, frente a 470 del año anterior, confirmando una tendencia a la baja. No obstante, especialistas advierten que la estructura del crimen organizado permanece intacta.

A ello se suma el incremento de otros delitos. Entre enero y mayo de 2025 se registraron 787 alertas por secuestro, un aumento del 43% respecto a 2024. En sectores como Nueva Prosperina, Pascuales y Esteros, la extorsión y los secuestros exprés continúan afectando la vida cotidiana.

El rol de Erik Prince y la narrativa de “guerra”

Aunque Erik Prince no cumple funciones operativas directas, su presencia tiene un peso simbólico importante. Desde el gobierno ecuatoriano se impulsa una narrativa de “guerra interna” contra el crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha señalado que Prince participa en asesorías, acompañamiento de operativos y capacitaciones, sin ejercer mando directo.

Para diversos analistas, esta estrategia refleja un giro hacia la incorporación de experiencia privada en la seguridad pública, en un contexto donde el Estado busca recuperar el control frente a la violencia.

Las críticas: una solución incompleta

No todos los especialistas respaldan este modelo. El analista Oscar Gancho advierte que el enfoque de militarización y privatización de la seguridad puede desviar la atención de las causas estructurales del crimen.

Según sostiene, la violencia se concentra en territorios donde el Estado está ausente, y donde las organizaciones criminales ocupan ese vacío. En ese sentido, considera que la solución no pasa únicamente por la fuerza, sino por reconstruir la presencia estatal.

¿Puede replicarse en el Perú?

El escenario peruano abre la puerta a una estrategia similar. Keiko Fujimori ha planteado una política de mayor control, con presencia militar en calles, fronteras y centros penitenciarios.

Este enfoque podría incluir asesorías internacionales, siguiendo la línea del modelo ecuatoriano.

La lección clave: reducir no es resolver

Para el analista Javier Rodríguez Weber, el caso de Guayaquil deja una advertencia clara: la reducción de homicidios no implica necesariamente la desarticulación del crimen organizado.

Un ejemplo es febrero de 2026, cuando se registraron 96 homicidios frente a 154 en el mismo mes de 2025. La mejora es evidente, pero no definitiva.

El riesgo de una solución parcial

El exsecretario de seguridad Fernando Garafulic lo resume con contundencia: la violencia no desaparece, sino que se desplaza.

Cuando disminuye en una zona, aumenta en otra. Si no se enfrenta la lógica del narcotráfico y las redes criminales, las medidas pueden resultar superficiales.

Una advertencia para el Perú

Guayaquil ha logrado reducir sus cifras de homicidios, pero continúa siendo una de las ciudades más violentas de la región.

La experiencia deja una lección directa para el Perú: la mano dura puede contener la violencia en el corto plazo, pero sin reformas profundas en la policía, el sistema judicial y los servicios de inteligencia, no será suficiente para enfrentar el problema de fondo.